21 OCT 2014 | NOTA DE INTERÉS

Ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas

Si bien fue promulgada en 2009, es poco lo que se sabe sobre esta ley que regula un conjunto de delitos susceptibles de ser imputados a empresas

 

En el Derecho Penal chileno, tradicionalmente, sólo se admitía la responsabilidad penal de personas naturales; sin embargo, con la promulgación de la Ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas en Chile, las empresas en su calidad de persona jurídica también son susceptibles de ser imputadas. Otra de las innovaciones de esta ley es que regula un sistema de prevención de delitos, el que implementado correctamente, puede eximir de responsabilidad a las empresas.

 Los delitos a los cuales se refiere la Ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas y que pueden imputarse a la empresa se reducen a tres, a saber, el lavado de activos, financiamiento del terrorismo y cohecho a funcionario público nacional o extranjero. En cuanto al lavado de activos, cabe señalar que no sólo se asocia al tráfico de drogas, sino que también abarca el contacto u ocultamiento de fondos que provengan de una amplia gama de delitos más cercanos a la actividad de la empresa, como por ejemplo, el uso de información privilegiada en el mercado de valores o la obtención de créditos en base a antecedentes falsos o incompletos. Por su parte, en el caso del cohecho, éste no se materializa una vez que se obtiene una actuación ilegal por parte de un funcionario público a cambio de una suma de dinero, sino que existe desde el momento en que se realiza un ofrecimiento de fondos.

No obstante lo anterior, la ley otorga la posibilidad de eximir a la empresa de responsabilidad penal si dentro de ella se implementa correctamente un sistema de prevención de los delitos recién señalados. Este sistema, también conocido como ‘compliance’, puede evitar a su vez otros delitos tales como delitos tributarios, informáticos o de revelación de secretos de la empresa.

De ese modo, y ante el auge que está teniendo entre los países de la OCDE estos sistemas regulatorios dentro del sector privado, la implementación de estrategias para prevenir delitos se constituye como un modelo de autorregulación de la empresa, y que puede imprimirle una ventaja competitiva en relación a aquellas organizaciones que no lo tienen, toda vez que ofrezca una mayor confianza y asegure un actuar más probo.